En una rueda de prensa conjunta, los cuatro sindicatos han mostrado su “decepción” por el hecho de que el Ejecutivo autonómico haya decidido “suspender” una negociación que iba a permitir que el personal público pudiera cobrar el mismo plus de insularidad con independencia de su categoría laboral y que se equiparara con el de Canarias. 

El secretario general de UGT Servicios Públicos, Miguel Ángel Romero, ha manifestado que el Govern ha cometido “un error estratégico” por dejarse presionar por “interferencias ilegítimas” de organizaciones externas a la Mesa de Empleados y Empleadas Públicas, donde está representado el 80 por ciento de los trabajadores públicos de la comunidad autónoma. 

“Es falso que lo que había encima de la mesa perjudicara al ámbito sanitario y educativo”, ha subrayado Romero, que ha emplazado a que se explique en qué perjudica a estos profesionales pasar a cobrar un complemento mensual de residencia de 205 euros en Mallorca, 410 en Menora e Ibiza y 615 en Formentera. 

Ha añadido que el acuerdo también conllevaba, entre otras mejoras, la devolución de unos 170 millones de euros al personal público por el recorte de un 2,9 por ciento de sus sueldos durante 2020 y 2021, la reducción de la jornada a 35 horas, o el pago el total del salario durante la baja por enfermedad. 

Romero ha lamentado que parezca que más de un año de trabajo “no ha servido para nada” y ha pedido al Govern que “reflexione y corrija su error” y no se deje llevar por el “discurso clasista y poco empático” de quienes no quieren un plus de residencia unitario para todo el personal. 

Ha detallado que se realizarán asambleas el próximo 20 de febrero en Mallorca, el 25 en Ibiza y el 26 en Menorca, y que el 28 de febrero se ha convocado una concentración de delegados y delegadas frente al Consolat de Mar. El siguiente paso si no se produce ningún cambio de actitud por parte del Ejecutivo autonómico serán las concentraciones en los centros de trabajo.