A final de año acaba la actual licitación a la que pueden optar un millón y medio de personas que trabajan en el sector público en España, 32.000 de ellas en Balears, y la falta de acuerdo para renovarla está provocando “gran incertidumbre” entre los mutualistas, que ven peligrar sus tratamientos médicos a partir del 1 de enero.

En este sentido, el responsable de Administración General del Estado de UGT, Fernando Martorell, ha afirmado que Muface asegura que la asistencia sanitaria de sus usuarios está garantizada hasta octubre del próximo año. 

Martorell ha informado de que todo apunta a que finalmente las tres aseguradoras que actualmente tienen la concesión sí se presentarán a la nueva licitación después de que quedara desierta en una primera convocatoria. Para asumir el servicio han pedido un aumento del precio de un 40 por ciento, frente al 17 por ciento que ofrece el Gobierno. 

Ante esta situación, los sindicatos han exigido “celeridad” al Gobierno para crear un nuevo convenio y un plan de viabilidad para la asistencia sanitaria del funcionariado público que no recorte las prestaciones.

Asimismo, han reclamado a las aseguradoras, que no busquen “aumentar sus beneficios económicos a costa del Estado” y de la “selección de riegos” mediante la deriva a la sanidad pública de los “casos más graves y más caros de atender”.

Las organizaciones sindicales han advertido de que la “migración” de los mutualistas al sistema público, el preferido por las nuevas generaciones, ocasionaría un “gran impacto” en sistema sanitario de la Seguridad Social.

Por ello, han reiterado su petición de “mejorar” la inversión de la sanidad pública para mejorar la calidad de la atención de la ciudadanía.