UGT Servicios Públicos ha calculado que a las arcas públicas le sale al año 60 euros “más barato” por habitante la gestión pública de la recogida de residuos y la limpieza viaria que el sistema basado en las adjudicaciones del servicio a contratas.

Así lo han puesto de manifiesto este lunes en rueda de prensa el secretario general de UGT Servicios Públicos, Miguel Ángel Romero, el responsable de Servicios Comunitarios de UGT, Juanjo del Teso, y el secretario de Administración local, Xisco García, durante la presentación del informe sobre la situación del sector de recogida de basuras y limpieza viaria en Balears.

Este estudio comparativo sobre el coste por habitante que tiene la recogida de basuras muestra que los municipios con servicio privatizado pagan 190 euros anuales por habitante frente a los 130 euros que gastan los que lo tienen público, por lo que la prestación del servicio por las contratas es un 32 por ciento más caro.

El secretario general de UGT Servicios Públicos, Miguel Ángel Romero, ha insistido en que se “desmonta el mantra” de que la gestión privada de los servicios sale “más barata” que la pública.

Además, en Mallorca, una única Isla en el que interviene el sector público, la ratio de habitantes por trabajador es superior en los municipios con modelo privado, donde se emplea a un trabajador por cada 560 habitantes, mientras que los que tienen gestión pública dedican un empleado por cada 394 habitantes.

Baleares destina unos 192.400 millones de euros al año al servicio de basuras y limpieza viaria, de los que 127 millones de euros se abonan a empresas privadas, que dan un servicio más deficiente y aplican peores condiciones laborales con salarios que rozan el salario mínimo.

“No solo la gestión privada implica más de 40 millones de euros anuales de sobrecoste, sino que genera un 30 por ciento menos de empleo, que además es de peor calidad por ser super precario”, ha detallado Romero.

Déficits del modelo privado de recogida de basuras

Por su parte, Juanjo del Teso ha señalado tres déficits fundamentales del modelo privado respecto al público, al sufrir mayor conflictividad laboral, vehículos en peores condiciones laborales e instalaciones inadecuadas.

Del Teso ha asegurado que las instalaciones de las empresas privadas no cuentan con dimensiones proporcionales a las plantillas o que carecen de vestuarios “adecuados”.

Ha añadido que el sector público tiene flotas de vehículos modernizadas y con mecánicos propios mientras que el privado se ve obligado a “alargar la vida útil” de los camiones por las numerosas prórrogas en las licitaciones de los servicios, lo que origina averías constantes y accidentes laborales.

Soluciones

UGT Servicios Públicos ha recordado que no firmaron el convenio colectivo autonómico porque entendían, como ha quedado demostrado, que solo implicaba “parchear” los problemas que tiene el sector.

La organización sindical propone que los Ayuntamientos cedan esta competencia a un organismo insular mancomunado que tendrá más capacidad para ofrecer mejores condiciones laborales, instalaciones y vehículos.