Se incumple el convenio del personal laboral del Estado con destino en Baleares

Fecha: 21 Sep 2020

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) ha mostrado su “indignación” por la “parálisis absoluta” del desarrollo normativo y retributivo de un convenio colectivo que se firmó en marzo de 2019 y que afecta a las plantillas de distintos ministerios, como el de Defensa, Justicia, Interior, Administración Territorial o Trabajo.

Para el sindicato, el aspecto “más sangrante” del incumplimiento radica en la paralización de la mejora retributiva destinada a corregir las deficiencias denunciadas por el Comité Europeo de Derechos Sociales, que en sus conclusiones de 2014 decía literalmente que “el salario mínimo de los trabajadores contratados de la función pública no basta para asegurar un nivel de vida decente”.

Las nuevas tablas salariales también buscaban disminuir la “enorme desigualdad salarial” observada entre el personal funcionario y el personal laboral de la AGE. Esta brecha no existe en el resto de las Administraciones Públicas.

“Estos incumplimientos son intolerables e injustos. Suponen unos atrasos de entre 860 y 2.700 euros por persona para los años 2019 y 2020”, ha indicado FeSP-UGT.

El texto del convenio adapta además una nueva clasificación profesional conforme al Estatuto Básico del Empleado Público y al actual marco educativo y establece normas laborales de importancia como la movilidad, la jubilación parcial, la ejecución de la oferta de empleo público, etc.

En protesta por la situación, la organización sindical ha convocado el 30 de septiembre una concentración ante la Delegación del Gobierno, movilización que estará reformada por la manifestación que se celebrará ese mismo día en Madrid y por la articulación de seis conflictos colectivos por el incumplimiento del convenio.

FeSP-UGT insiste en que se ha demostrado que los servicios públicos son “imprescindibles” para conseguir una sociedad justa y solidaria, y por ello reclama que “siempre, lo público, lo común, sea respetado y protegido como lo más valioso de la vida colectiva que constituye la sociedad”.

 

 

 

Fuente: UGT Illes Balears