UGT Servicios Públicos ha denunciado este viernes el “colapso” que sufren los juzgados de Baleares con juicios programados para principios de 2027 y sentencias que aún pueden tardar hasta un año más en dictarse.

Ante estos “retrasos intolerables”, la organización sindical ha pedido al Ministerio de Justicia que ponga en marcha medidas “urgentes y extraordinarias” que atajen esta “vulneración” del derecho fundamental de las personas a recibir una tutela judicial efectiva. 

En concreto, los “atascos” de los juzgados de lo contencioso administrativo se han “agravado en los últimos tiempos” y las esperas han pasado de ser de dos años a tres, al estarse señalando para 2027 los juicios de procedimientos iniciados a finales de 2023.

“Una dilación de este calibre diluye el derecho de la ciudadanía a defenderse frente a la Administración, a cuyas actuaciones se les otorga un desmesurado privilegio que trunca la tutela de los derechos de las personas”, ha sostenido UGT Servicios Públicos. 

Ha añadido que el hecho de que las actuaciones de las Administración sean “directamente ejecutables” desequilibra “aún más” la balanza de la justicia, lo que “atenta contra el estado de derecho”. 

Por último, UGT Servicios Públicos ha recordado que este tipo de “retrasos” también implica la “infracción” del derecho de las personas a un juicio “sin dilaciones indebidas”, una situación que también sufren, aunque en menor medida, los casos que llevan los juzgados de lo social, en los que hay año y medio de demora.