El secretario general de UGT Servicios Públicos, Miguel Ángel Romero, ha pedido este martes al Govern balear que elimine la “discriminación” que ha cometido con su personal laboral, el de las empresas públicas y la enseñanza concertada al no haberles abonado este mes el recorte salarial del 2% aplicado en 2020, como sí ha hecho con el resto de la plantilla de la CAIB. 

Romero ha pedido al Ejecutivo autonómico una “rectificación” de la “interpretación errónea y jacobina” del pacto de legislatura firmado en abril de 2025 y el acuerdo suscrito con UGT al mes siguiente, por el que el sindicato retiró la demanda judicial contra la “congelación y descuentos” salariales aplicados al conjunto del personal de la Administración autonómica en 2020, un 2%, y en 2021, un 0,9%. 

Ha recalcado que UGT no siguió adelante con su demanda judicial porque confió en que el Ejecutivo autonómico cumpliría su compromiso de anular y devolver los recortes salariales aplicados la pasada legislatura a todo su personal y no solo al funcionario. 
“No me creo que cuando la presidente Prohens suscribió los acuerdos era consciente de que en su aplicación se iba a discriminar a 10.500 trabajadores y trabajadoras. No me creo que avalen políticamente la discriminación en función de la relación laboral con la Administración”, ha subrayado Romero. 

El dirigente sindical ha informado de que se ha pedido una reunión con el Govern balear para pedir explicaciones y apelar a que se reconsidere su decisión. 

“Queremos resolverlo políticamente y no volver a judicializar el conflicto”, ha indicado Romero, que ha cuantificado en 6 millones de euros lo que costaría acabar con el trato “discriminatorio” que se ha dado a un tercio del personal de la Administración autonómica.