La demanda contencioso-administrativa de UGT Servicios Públicos es la única que permanecía viva en el conflicto laboral y judicial originado la pasada legislatura contra el Ejecutivo autonómico por la “sustracción” de un 2 por ciento de los salarios en 2020 y de un 0,9 por ciento en 2021. 

El acuerdo se ha formalizado hoy con la firma de una declaración conjunta por parte de la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antonia María Estarellas, y el secretario general de UGT Servicios Públicos, Miguel Ángel Romero. 

Romero ha calificado este acuerdo de una “victoria” del diálogo social y del movimiento sindical, que se ha mantenido “firme” pero “dialogante” para lograr que el personal del Govern balear recuperara las subidas salariales acordadas por UGT y CCOO para los años posteriores a la pandemia. 

“Con este acuerdo no solo se repara una injusticia pasada, sino que refuerza el compromiso de UGT con una negociación colectiva útil y efectiva para defender los derechos del personal público”, ha subrayado Romero. 

La declaración estipula que la “devolución íntegra” de las cantidades recortadas se devolverán en el primer semestre de 2026, y con ella se finaliza de “manera pactada” el proceso judicial que continuaba abierto. 

Este pacto alcanzado entre el Govern balear y UGT Servicios Públicos complementa el acuerdo de legislatura logrado el pasado mes de febrero de mejora de las retribuciones y condiciones laborales del personal de la comunidad autónoma.