UGT Illes Balears y CCOO han exigido este viernes al Gobierno central que ponga en marcha medidas “potentes” para proteger de la crisis inflacionista a las personas trabajadoras y sus familias con ayudas extraordinarias que complementen las prestaciones y subsidios.

Si estas ayudas extraordinarias no llegan desde el Estado, los sindicatos mayoritarios creen que debería ser el Govern balear el que ponga sobre la mesa presupuesto para garantizar a los hogares un nivel de ingresos mínimos que les permita pasar el invierno “sin penurias”.

UGT y CCOO consideran que frente a los “augurios catastrofistas que de forma intencionada” se realizan desde determinados sectores, los datos macroeconómicos y del mercado laboral de los próximos meses no van a ser muy diferentes a los que había en los años anteriores a la pandemia. 

La temporada turística ha permitido que la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras de las Islas hayan tenido empleo, con récords de afiliación a la Seguridad Social y bajas tasas de paro, por lo que podrán acceder a prestaciones o subsidios durante los meses de inactividad.

No obstante, UGT y CCOO se muestran preocupados por cómo el mantenimiento de la alta inflación “lastrará” la economía de las familias, ya que con los “precios desbocados” de la cesta de la compra y de la energía se hace imposible cubrir de “forma digna “las necesidades básicas de la vida diaria.

Aunque las personas trabajadoras puedan acceder a las prestaciones y subsidios que les corresponden legalmente, este aumento del coste de los productos y servicios dificultará de manera “grave” el desarrollo del consumo y más ente las capas más vulnerables.

A pesar de ser “insuficientes” las medidas tomadas para paliar las consecuencias económicas de la guerra, como las del transporte, es necesario que se prolonguen, como mínimo, hasta el comienzo de la próxima temporada.

Por último, ambos sindicatos califican de “`pocos serios” y “populistas” los discursos de bajada de impuestos e insisten en que una fiscalidad equitativa es “prioritaria” e “indispensable” para que las administraciones puedan seguir protegiendo al conjunto de la ciudadanía.