La Federación de Servicios Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC UGT) ha censurado este martes que el decreto de emergencia habitacional aprobado por el Govern balear promueva convertir los hoteles obsoletos en viviendas “a costa de las plantillas” y “sin ningún tipo de límites”. 

FeSMC UGT se ha mostrado muy crítico con el Ejecutivo autonómico por considerar que este cambio de uso de los establecimientos hoteleros obsoletos “hará daño” al empleo y “empeorará los problemas de vivienda” que tienen las personas trabajadoras que vienen a Baleares a hacer la temporada. 

El secretario general de FeSMC UGT, José García Relucio, ha avisado de que las plantillas de los hoteles obsoletos que se conviertan en pisos a precio limitado podrán sufrir un despido objetivo con una indemnización de 20 días por año trabajado mientras que los dueños de los alojamientos “hacen doble negocio”. 

“Ni siquiera se exige que los hoteles reconvertidos en viviendas sean de protección oficial”, ha lamentado García Relucio, que ha insistido en que estos empresarios no solo “habrán hecho dinero con los hoteles sino que ahora también lo harán con las viviendas”. 

Asimismo, García Relucio ha recordado que con el cambio de uso generalizado de los alojamientos hoteleros se vulnera un acuerdo fruto del diálogo social entre el anterior Ejecutivo, los sindicatos y las patronales que se incorporó a la ley turística de la pasada legislatura. 

El cambio de uso de las instalaciones turísticas se podía autorizar en casos muy específicos, siempre que estuvieran en una zona madura, fueran destinadas a vivienda de protección oficial y se contara con la aprobación por unanimidad de una comisión formada por el Govern y los agentes económicos y sociales. 
García Relucio ha criticado que se están regulando temas “muy importantes”, como la vivienda o la política turística, “sin ningún tipo de diálogo social” con los representantes de los colectivos afectados por las nuevas normativas. 

FeSMC UGT tiene previsto consultar a sus bases para plantear movilizaciones ante la “actitud” de un Govern que “no cuenta con todas las partes implicadas a la hora de tomar decisiones”.