UGT Servicios Públicos ha interpuesto una demanda de conflicto colectivo contra el convenio autonómico de recogida y limpieza viaria ante la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia (TSJIB) por vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical.

El sindicato ha pedido al TSJIB la impugnación del convenio autonómico de basuras y, en concreto, la nulidad del artículo 6, ya que, a su juicio, impide la negociación colectiva en el ámbito inferior de las empresas, lo que supone una “lesión al derecho a la libertad sindical”.

Asimismo, UGT Servicios Públicos considera “discriminatorio” que el redactado del artículo 6 sí permita a las Pitiüses negociar y aplicar convenios de empresa con mejores condiciones que las recogidas por la normativa autonómica.

“Las personas trabajadoras que quieran y puedan mejorar las condiciones establecidas en el convenio autonómico tienen que tener, cuanto menos, la libertad de poder intentarlo”, ha afirmado la organización sindical.

Ha añadido que desde el inicio de la vigencia del convenio de basuras, UGT ha advertido de que no iba a traer ni “la paz social al sector, ni la mejora del servicio”.

“El tiempo está demostrando que no nos equivocamos ni un ápice”, ha subrayado la organización sindical, que ha insistido en que se han generado nuevos conflictos donde no los había, como en la capital de Menorca.

UGT Servicios Públicos ha denunciado por la vía contencioso-administrativa aquellos pliegos de condiciones de las adjudicaciones que imponen el convenio autonómico por considerar “contrario a derecho” la obligación de aplicar peores condiciones laborales que las que recoge, en estos casos, el convenio de empresa.

Ha lamentado que tras la adecuación de los sueldos al convenio autonómico, sus tablas salariales perpetúan la “precariedad laboral” hasta 2028 al contemplar subidas de sueldo que en la práctica llevan a una “pérdida de poder adquisitivo” cada año.

Un ejemplo de este “deterioro salarial” es que el incremento para los peones en 2023 es del 1 por ciento en 2023 y 2024, una subida “muy alejada” del IPC.

UGT Servicios Públicos ha insistido en que la solución a los problemas de la recogida de basuras del archipiélago pasa por la creación de un consorcio o empresa que agrupe y gestione la recogida y limpieza viaria de cada isla o de toda la comunidad autónoma.

“Esta forma de organización del trabajo dotaría de las instalaciones y vehículos necesarios, así como de una estructura unificada para prestar un servicio más eficiente y de mejor calidad, como ocurre con la empresa que gestiona los residuos de Baleares”, ha reiterado.

UGT ha confiado en que CCOO desista de su “empecinamiento” en defender el convenio autonómico y reconozca los “atropellos” que ha generado este marco regulador. Además, le ha tendido la mano para unir fuerzas y poder realizar modificaciones en el actual texto para que se respete la libertad sindical y la capacidad de negociación de empresas y personas trabajadoras.

“Este convenio ha de ser un paraguas de mínimos, no limitar la negociación”, ha concluido UGT.