Esta ha sido una de las principales peticiones que ha realizado el secretario general de UGT Servicios Públicos, Miguel Ángel Romero, durante un desayuno informativo en el que ha reiterado que el Ejecutivo de Marga Prohens puede “corregir un error” cometido la pasada legislatura. 

La cuantía total de los salarios no abonados al personal público de la comunidad autónoma asciende a más de 170 millones de euros, según los cálculos realizados por la organización sindical. 

Romero ha explicado que la propuesta de UGT Servicios Públicos es que el dinero se devuelva a lo largo de este 2025 y que en la nómina de enero “quede borrado el recorte de salarios” del 2 por ciento realizado en 2020 y del 0,9 por ciento, en 2021. 

Esta decisión fue objeto de varias demandas judiciales de los sindicatos, sobre la de UGT aún no se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia, mientras que ha sido favorable a una del sindicato STEI que no incluye a todo el personal afectado ni a todos los ejercicios en los que se aplicó el recorte.

Otra de las cuestiones que deberá constar en el acuerdo con el Govern balear son las cantidades del plus de insularidad que cobra su personal, y que UGT reclama que se eleve para todas las categorías laborales por igual a 400 euros para Mallorca, 600 para Menorca e Ibiza y 800 para Formentera. 

“Esperamos que el plus de insularidad de Baleares al menos se homologue con el de Canarias antes de que acabe la legislatura”, ha subrayado el secretario general de UGT Servicios Públicos. 

TEMPORALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN
Romero ha manifestado que Baleares ha culminado en un “tiempo razonable” y con “buena cobertura” los procesos de estabilización abiertos por las distintas administraciones para reducir la temporalidad en el sector público, ya que se han cubierto más del 74 por ciento de las 16.000 placas convocadas. 

No obstante, el dirigente sindical ha reclamado al Govern y a las Administraciones locales que en sus ofertas públicas de 2025 incorporen las tasas extraordinarias de reposición de plazas permitidas por la ley para cubrir los puestos que sean necesarios y así no “ir acumulando de nuevo temporalidad” entre el personal público del archipiélago.